EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES

En el año 1994, en RUSIA, por medio de una serie de comerciales televisivos, se dio a conocer una empresa que, según los comerciales, se encontraba en capacidad de entregar intereses increíblemente elevados a toda aquella persona que quisiera invertir en esta, de esta forma, la empresa MMM la cual contaba con 136 oficinas en toda RUSIA, vendió millones de acciones, viendo los inversionistas como aumentaban desde US$1 hasta US$55 en tan solo unos pocos meses.
Sin embargo , MMM no era mas que una pirámide, en la cual los inversionistas que se encontraban en la parte mas alta obtenían ganancias reales mientras esta empresa siguiera captando los dineros de ciudadanos enceguecidos por la avaricia, la pobreza, la pereza y las ganas de enriquecerse de una manera fácil, siendo contrario para los que se encontraban en la parte mas baja, quienes aun conservaban sus acciones, perdieron todo su capital al derrumbarse la pirámide, lo cual sucedió cuando el gobierno Ruso acuso al presidente de MMM evasión de impuestos, entre otros delitos, haciendo que las acciones cayeran con una gran velocidad provocando que los consumidores no pudieran recuperar su inversión por el cierre de las oficinas de MMM.
Sin embargo los comerciales televisivos seguían saliendo y los ciudadanos seguirían siendo engañados hasta tal punto de ponerlos en contra del gobierno hacer que estos pidieran en gran masa la liberación del presidente de este fondo de inversiones, esto en gran parte por la falta de credibilidad que tenían los ciudadanos al estado.
Similar fenómeno se ha producido en Colombia, una empresa captadora de dinero ofrecía a los inversionistas multiplicar su dinero al 100% en tan solo 6 meses, dando una garantía al consumidor al entregar su dinero, ya que esta empresa (DMG) entregaba al inversionista un bono por el valor invertido que podría consumir en diferentes establecimientos comerciales y al cabo de seis meses este podría cobrar el valor de su inversión además de devolver el bono, si no lo hubiese gastado aun y le entregarían el dinero del bono.
Sin embargo esta empresa ilegal también se derrumbo al ser acusado su presidente por delitos como enriquecimiento ilícito además de tener vínculos con el narcotráfico. Los inversionistas, en actos de desesperación y rabia crearon un gran caos en diferentes ciudades de Colombia, para pedir de esta forma la devolución de su dinero.
En este escenario, el presidente de DMG si tenia el dinero para devolver a los inversionistas, pero el estado ya había congelado todas las cuentas de este y no podrían ser devueltos por estar envuelto en diferentes procesos penales.
Esta situación es utilizada por el presidente de DMG para guiar la furia de sus accionistas hacia el estado, culpándolo de no ser el presidente y sus funcionarios, los que dejan que el dinero sea entregado.

Estas dos situaciones, aunada al siguiente descubrimiento del fraude realizado por Bernard L. Madoff, hace girar las miradas hacia el papel del gobierno que no vela lo suficiente por la protección de los consumidores, es verdad que cada persona debe ser responsable del uso de su dinero, sin embargo, el estado ha dejado que cada no de estos fenómenos crezca de manera inverosímil antes de actuar y, al aplicar la ley, deja mal parados a aquellas personas que no pudieron sacar provecho del ofrecimiento de dichas empresas.
Es suficiente el papel que toma el estado para proteger los intereses de los consumidores?, o por el contrario la falta de normas tendientes a evitar hechos como estos, evidencian la alta corrupción que existen dentro de las instituciones publicas, en algunos casos o la ineptitud de los legisladores y mandatarios en otros?.
Es cierto que no es fácil para los gobiernos garantizar al máximo la protección de las inversiones de los consumidores, ya que no se debe violar la libertad del ciudadano para elegir donde invertir su dinero teniendo en cuenta que la gran mayoría de los países son estados sociales de derecho, pero también es cierto que tiene la potestad para garantizar que estas empresas poseen los fondos suficientes y legales que cubran sus promesas de altos intereses y valorización de sus inversiones, que cumplen con todo tipo de legalidad que permita su correcto funcionamiento, también de informar al publico sobre la legalidad de dichas empresas.Todo estado debe tener una obligación constitucional de proteger la economía de sus ciudadanos para evitar asi problemas políticos, sociales y económicos generados por la avaricia, la pobreza y el bajo desarrollo social.